Es el fin del pago en cuotas: estos son los cambios que se vienen en diciembre
El pago a plazos es una gran alternativa para adquirir bienes, ya que permite hacerle frente con mayor facilidad. En algunos países, hasta ahora no se comprobaba la liquidez de los compradores para operaciones inferiores a un ciento monto, pero eso podría cambiar muy pronto. Te contamos si hay novedades en la UE, España, América Latina y EEUU.
El pago fraccionado es uno de los medios de financiación más útiles, prácticos y aclamados por la sociedad. Ofrece numerosas ventajas, pues facilita la gestión del flujo de efectivo, ofrece una mayor flexibilidad en términos de cuándo y cómo se realiza el pago, hace que productos o servicios costosos sean más accesibles para los consumidores al aliviar parte de su presión financiera e incluso brinda la posibilidad de realizar compras más grandes a lo largo del tiempo. También es cierto que puede tener algunas desventajas, como los intereses o cargos adicionales, ¡pero no todo podía ser tan bueno!
Precisamente, para ahorrarse futuros problemas con esto último, la Unión Europea está planificando cambios conforme a la legislación de la materia en 27 países. Y es que en estados como Francia, hasta el momento, los compradores podían financiar operaciones de hasta 200 euros sin necesidad de demostrar su viabilidad financiera. Algo similar pasa en España para ciertas compras en algunas empresas privadas, en las que tampoco se realiza una comprobación de solvencia, pues las compañías no están sujetas a las mismas regulaciones que las entidades bancarias, previstas en la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Precisamente por eso la organización internacional ha visto un objetivo claro a la hora de garantizar una mayor protección a este tipo de adquisiciones. Esta nueva propuesta de directiva el Parlamento Europeo relativa a los créditos a consumidores se enfoca en la protección frente a prácticas dé préstamo irresponsable que generen un endeudamiento excesivo.
Para ello, se promueven alternativas como la educación financiera y el asesoramiento, regulándose de forma más rigurosa la evaluación de la capacidad de los consumidores para reembolsar el crédito. Dicho de otra manera, y resumiendo; las empresas tendrán que comprobar la viabilidad financiera de aquellas personas que quiera adquirir sus bienes antes de concederles un servicio de financiación, incluso en las operaciones más pequeñas.
Por el momento, esta nueva ley europea aún no se ha adoptado definitivamente, por lo que si finalmente se hiciese, España, Francia y otros países de la Unión Europea tendrían que adaptar sus normativas nacionales a la misma. Puedes revisar la propuesta de directiva aquí.
¿Unos cambios que se extenderán a América Latina y EEUU?
Es factible que las modificaciones en las pautas referentes al crédito al consumidor que se están instaurando en la Unión Europea tengan la capacidad de ejercer influencia en las tendencias financieras de diversas regiones del mundo, entre las que se incluyen Estados Unidos y América Latina. No obstante, este grado de impacto resultará de una amplia gama de factores, incluyendo la situación económica, las políticas gubernamentales y el consumo de la población.
En el contexto de América Latina, a nivel estructural se está apreciando un cambio en la mentalidad financiera, determinado por un gran avance tecnológico en los últimos años. Una tendencia que ha dado lugar a la puesta en marcha de diversas normativas destinadas a la oferta de productos y servicios financieros innovadores. Además, la región está siendo testigo de un florecimiento en el sector fintech, con la expansión de numerosas startups.
Respecto a la situación de los créditos a consumidores, es variada dependiendo del país. En Colombia, la normativa sobre el pago a plazos se rige por la Ley de Pago a Plazos Justos (Ley 2024 de 2020). En el país, las instituciones financieras han de verificar la capacidad de pago de una persona antes de aprobar un crédito o un plan de pago a plazos.
Respecto a México, las entidades financieras han elevado los criterios para aceptar las solicitudes de créditos al consumo. Además, las regulaciones financieras requieren que las instituciones financieras evalúen la capacidad de un cliente para pagar un préstamo antes de otorgarlo. Para el pago a plazos de créditos fiscales, se ha de realizar previamente el 20% del mismo y el 80% restante es el que podrá ser financiado.
En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor establece disposiciones sobre la concesión de créditos y la evaluación de la solvencia de los consumidores. Sin embargo, no se especifica que las empresas estén obligadas a comprobar la viabilidad financiera de los compradores antes de ofrecerles créditos, independientemente del tamaño de los mismos. Cabe destacar que el gobierno dispone de planes de financiación para productos de producción nacional.
Por último, respecto a Chile, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha publicado una nueva versión de la normativa que establece la metodología general para el cómputo de provisiones de las colocaciones de consumo. Este citado instrumento permite que todos los créditos otorgados por los bancos cuenten con un sistema estandarizado para el cómputo de provisiones. Además, las entidades financieras, más allá de adaptarse a la normativa vigente, disponen de autonomía para establecer las condiciones de otorgamiento de los créditos.
En lo que respecta a Estados Unidos, la economía se ha visto bastante afectada por diversos eventos globales, incluyendo la pandemia de COVID-19 y la crisis en Ucrania, y no sabemos hasta qué punto podría afectar el escalamiento del conflicto entre Palestina e Israel. Además, un tercer factor a destacar es el endurecimiento de las condiciones financieras, que está actualmente influyendo en las perspectivas económicas.
Con relación a los créditos de consumo, en el país de las oportunidades estos están regulados por varias leyes que varían dependiendo del estado y tipo de préstamo, aunque hay algunos instrumentos generales como la Ley de Veracidad en los Préstamos (Truth in Lending Act). A nivel genérico, las leyes federales exigen a las empresas y entidades evaluar la capacidad de un consumidor para reembolsar un préstamo antes de otorgarlo.